El dueño del Señorío de Náguiz pide al TSJN la suspensión y denuncia una "desviación" de poder.
Anuncia que reclamará al ayuntamiento una indemnización por los costes del proyecto que no puede llevar a cabo.
El proyecto para construir una cartuja en el valle de Ezcabarte, bloqueado por un acuerdo de la mayoría del Consistorio comarcano, ha llegado a los tribunales. Joaquín Elizalde, propietario del señorío de Náguiz donde se quiere implantar el monasterio, ha presentado un recurso contencioso administrativo. En él reclama la suspensión de la decisión municipal al considerarla ilegal y adoptada sin justificar los motivos más allá de la oposición al proyecto por promoverse en suelo forestal.
Además, anuncia que reclamará una indemnización al Consistorio por los costes de un proyecto arquitectónico que, de mantenerse el acuerdo, no puede llevar a cabo pese a que solicitó la licencia de obras dos días antes de que se acordase en pleno la suspensión de los permisos.
Dos meses después de que el pleno del valle del Ezcabarte adoptase un acuerdo para suspender las licencias en suelo forestal mientras se tramitaba el plan municipal, ha llegado el primer recurso contra la medida. La decisión fue tomada por la mayoría del pleno, pero contó con la oposición de parte del equipo de gobierno que encabeza Carola Gutierrez y por su teniente de alcalde, Pedro Lezáun. En la práctica, bloquea el proyecto que desde hace cinco años se baraja para construir una cartuja en el señorío de Náguiz a la que se trasladarían los monjes que ahora residen en Aula Dei (Zaragoza).
Recurso
El pasado día 27, Joaquín Elizalde, propietario del señorío de Náguiz, solicitó la admisión de un recurso contencioso administrativo firmado por los abogados José Iruretagoyena Aldaz y Mª Jesús Labiano Nuín y por el procurador Carlos Hermida Santos. En el documento argumenta que la decisión del pleno no se fundamenta con ningún razonamiento legal, supone una "desviación de poder" por parte de los ediles que la apoyaron y contradice informes de técnicos como el redactor del plan municipal vigente y ex arquitecto municipal, del actual arquitecto, de los redactores y asesores legales del plan municipal en revisión, de la secretaria municipal y de técnicos de Ordenación del Territorio y Desarrollo Rural. En este sentido, pide que se suspenda cautelarmente su ejecución y que, por tanto, se puedan conceder licencias en suelo forestal, ante los perjuicios que puede causar la medida contraria a título particular y a la administración de Ezcabarte. Elizalde recoge la posibilidad de reclamar una indemnización al Ayuntamiento por los gastos del proyecto. En ese sentido, entiende en que la decisión de la mayoría del pleno "causa perjuicio a la hacienda municipal".
En su recurso, el promotor de la cartuja (tiene un acuerdo de cesión del terreno a la orden que fundó San Bruno hace ocho siglos) ahonda en su idea de que el acuerdo municipal no está justificado y contradice hasta ocho informes municipales. Además, recuerda que se presentó ante la oposición en el valle al proyecto.
En su defensa, el promotor hace suyos los argumentos que empleó la alcaldesa, Carola Gutiérrez, en el pleno en que se acordó la suspensión de licencias. Según se recoge al repasar los trámites seguidos, los últimos informes recabados por el Consistorio concluyen no hay contradicción entre el proyecto de cartuja y lo previsto en la revisión del plan municipal para esa zona. Además, recalcan, la actuación fue autorizada por el Gobierno foral .
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